Las ciudades valencianas se preparan para el tasazo de basura que disparará el recibo de los vecinos

«Gran preocupación.» Así afrontan los alcaldes y alcaldesas valencianos, en plena elaboración de los presupuestos para 2025, la entrada en vigor de una nueva tasa inesperada para sus vecinos. Los municipios se preparan para un «tasazo». Mejor dicho, un «basurazo». Porque el Estado ha fijado el 10 de abril del próximo año como fecha límite para la aplicación de una nueva tasa local de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

El Ministerio de Hacienda envió el pasado mes de mayo una circular a todos los ayuntamientos de España para prepararlos ante lo que viene. Todo empezó en Bruselas, en 2008, cuando Europa aprobó una directiva que establece ambiciosos objetivos para la reducción, reutilización y reciclado de residuos municipales. 

La normativa española, aprobada en 2022 para cumplir con esas recomendaciones, implantó la obligación para los ayuntamientos de establecer, en un plazo de tres años, esa tasa de residuos. Una tasa «diferenciada, específica» y, sobre todo y como gran novedad, con «la exigencia de que no sea deficitaria». Es decir, que «dicha cobertura se aproxime lo máximo posible al coste real del servicio».

Ese es el reto que ahora está sobre la mesa de todos los ayuntamientos. «Hay ayuntamientos que van a triplicar la tasa a los vecinos», señala un alcalde. En Alicante, esta semana se han conocido las previsiones de la nueva ordenanza y el susto ha sido importante: se llega a cuadruplicar la tarifa en algunos casos.

Aunque casi todos los ciudadanos ya pagan por este concepto, ese importe no es ‘real’. Está, de alguna manera, ‘subvencionado’ por los ayuntamientos. En algunos casos, la recaudación en recibos de la basura apenas cubre un 60 % del coste real del servicio, lo que inevitablemente va a elevar el precio de este tributo. Además, la tasa se incluía dentro de otros impuestos, como el IBI o el recibo del agua.

Ahora, a siete meses de la entrada en vigor, los municipios están abordando la situación, cada uno a su ritmo y con sus planes: «Estamos en fase de estudio y análisis para la aplicación del impuesto de cara a que impacte lo menos posible. Hay que hacer un análisis del coste real del servicio de recogida del residuo para que sea trasladado a los ciudadanos», apuntan desde el Ayuntamiento de Mislata.

Jorge Rodríguez, alcalde Ontinyent, lamenta que el Gobierno no permita realizar este incremento de manera progresiva hasta el 100 % del coste y obligue a repercutirlo de golpe. Y es que, en su ciudad, por ejemplo, hay ahora mismo un déficit de medio millón entre lo que se recauda por esta tasa y el coste real del servicio. «Entendemos que a los municipios que tenemos recursos nos debían permitir reducir ese impacto», añade. No es que vayan a ser cantidades desproporcionadas en todos los casos. En Ontinyent, se estima en unos 40 euros anuales el incremento de esta tasa, pero los alcaldes, en general, llevan años congelando impuestos.

Rodríguez busca alternativas para amortiguar la subida. Con todo, coincidiendo con el aumento de la tasa se van a incorporar mejoras en el servicio. Ontinyent es de las ciudades que ha mantenido el servicio de recogida puerta a puerta, y ahora van a añadir la recogida selectiva puerta a puerta, tanto orgánica, envases, papel y otros residuos. El de vidrio es el único que mantendrá contenedores en la calle.

Cada municipio busca su estrategia. En Sagunt, el gobierno de Darío Moreno va a bajar el IBI al mínimo legal, unos 20 euros de rebaja media del recibo anual, precisamente, para amortiguar esa subida. En su caso, la tasa cubre apenas el 61 % de los gastos de recogida y tratamiento de los residuos, un déficit de casi dos millones que cubre el ayuntamiento.

Pago por generación

El espíritu de esta normativa europea, lo que se persigue, es la reducción de la generación de residuos a través de la concienciación ciudadana. Es un lamento habitual de responsables municipales y de consorcios de residuos el desconocimiento generalizado en torno a lo que pasa después de dejar la bolsa de basura en el contenedor. Hay mucho trabajo. Y es costoso.

El objetivo del texto, de hecho, es que junto a esa tasa se vayan implementando gradualmente sistemas de pago por generación. La filosofía de ‘quien más contamina, más paga’ preside esta regulación. Así que se aspira a medir lo que cada cual genera. Un sistema de pago por generación «elemental» tendría una reducción, por ejemplo, a partir de comportamientos como aportaciones a puntos limpios, o adhesión a programas voluntarios de compostaje doméstico. Yendo más lejos, un sistema de pago por generación «avanzado» establecería un cuota fija y otra variable basándose, por ejemplo, en sistemas de recogida puerta a puerta o con contenedores inteligentes que identificarían a cada ciudadano.

Cullera, por ejemplo, presume de tener un sistema avanzado de recogida selectiva que va a entrar en vigor coincidiendo con la nueva tasa. «Nos están llamando de otros ayuntamientos preguntando lo que hemos hecho», señala su alcalde, Jordi Mayor. La nueva tasa coincide con el cambio en el contrato de recogida, que va a traer novedades: como la recogida a través de ‘islas móviles’ en el centro; la recogida por fracciones en el 100% del municipio (hasta ahora el 20 %), incluido restos de poda, o la recogida en la hostelería ‘puerta a puerta’ tres veces al día.

Cullera gravará la tasa de residuos a las viviendas de alquiler turístico, que puede llegar a los 333 euros

En su caso, el nuevo sistema va a acabar con la tarifa plana generalizada: unos 65 euros de media al año. Se va a aplicar factores correctores en las viviendas residenciales, tomando el tamaño como referencia: de los 65 euros de tarifa mínima que seguirán pagando los pisos hasta 50 metros a los 114 euros para los más grandes, casi el doble. La mayoría tendrán un incremento de entre 25 y 40 euros al año. Con todo, se van a gravar más actividades económicas como los pisos turísticos: pasarán de 65 euros hasta ahora a una tasa que irá, según tamaño, de 220 a 330 euros, cinco veces más. «Es una actividad económica que genera mucho dinero. Nos va reducir la tasa al resto», apunta.

El reto de los pequeños

En el lado opuesto, entre los municipios pequeños, la preocupación es doble. No solo por «la impopularidad de una subida de impuestos» sino por la complejidad de la gestión. Este viernes, precisamente, la Mancomunitat del Carraixet (5 municipios, 25.000 habitantes) abordaba este tema, a expensas de un informe económico externo solicitado para conocer a cuánto ascendería la factura para cada municipio. La inquietud a escasos meses de 2025 es elevada. El tiempo se echa encima, e implementar un tributo con recursos escasos es complejo. Algunos municipios ya tienen una tasa diferenciada; otros, la tienen integrada en el IBI. Y temen que, respecto a lo que cobra cada uno, suponga una subida desproporcionada.

Sanciones

Al margen de esto, parece poco probable que ningún ayuntamiento se declare ‘insumiso’ ante esta nueva tasa. El incumplimiento de los objetivos comunitarios puede conllevar sanciones al Reino de España, que se repercutirían a los ayuntamientos incumplidores. Además, la existencia de esta tasa puede ser exigida como criterio para el acceso de los municipios a los fondos comunitarios.

Valencia: 40 millones de coste

El Ayuntamiento de València, por su parte, está elaborando la ordenanza fiscal que pasará próximamente por la comisión y el pleno. Para la capital va a ser una novedad ya que el único pago en torno a los residuos es la tasa Tamer que cubre el tratamiento de los residuos en vertederos. La recogida y transporte la cubría el ayuntamiento. Según explica el concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, se trata de un servicio que genera entre 40 y 45 millones de coste, y que ahora, según la ley, debe repercutirse al ciudadano. ¿Cómo se hará? «Es un coste importante pero es muy complicado, desde el punto de vista técnico y jurídico, determinar lo que genera cada individuo», apunta. Más que por metros cuadrados, València opta por parámetros más ligados a los consumos, como la Tamer. La ordenanza contemplará bonificaciones para familias numerosas, personas en riesgo de exclusión y otras situaciones. Como en todos los ayuntamientos, existe disgusto con este tributo de obligado cumplimiento por la contestación social que puede generar, sobre todo allá donde antes no existía. «Espero que todos hagamos pedagogía, y la oposición también sea responsable y se sume a explicarlo, porque se podía haber implantado desde hace tres años», recuerda Mundina.

Suscríbete para seguir leyendo