Compromís busca apoyos para recurrir al Constitucional la ley educativa de Mazón

Una semana para lograr la firma de otros 23 diputados o, como alternativa, que sea el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, el que asuma la petición. Es el reto en el que se ha adentrado Compromís para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional la llamada ley de Libertad educativa aprobada por PP y Vox el pasado mes de mayo en las Corts a vistas, según defiende la coalición, de que la norma que regula la enseñanza del valenciano en las aulas es "ilegal" y contraviene hasta a 28 artículos de normas estatales, incluidos 8 de la Constitución.

Según ha explicado este lunes el portavoz de educación de Compromís en el parlamento autonómico, Gerard Fullana, los valencianistas habían encargado un informe jurídico a una comisión de expertos sobre esta norma y este, ha indicado Fullana, es "demoledor". En este sentido, el documento señala 8 puntos en los que esta norma chocaría con una jurisprudencia de rango superior, como la actual ley Orgánica de Educación, la Lomloe, o incluso principios constitucionales, por lo que consideran que esta podría ser anulada por el tribunal de garantías.

"Hemos hecho los deberes, hemos venido aquí a fiscalizar y hacer oposición", ha reivindicado Fullana. No obstante, ha recordado que para llevar el asunto al Constitucional a través de un recurso se requiere o bien que lo haga el Gobierno de España (también pueden los autonómicos como con la ley de Amnistía) o bien la firma de 50 diputados en el Congreso. En este, Compromís tiene dos propios y hasta 27 si se contabiliza todo el Grupo Plurinacional Sumar. Por lo tanto, faltan otras 23 firmas para lo que, según ha señalado Fullana, ya se encuentran en contactos tanto con el Ministerio de Educación como con la "mayoría progresista" que apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

Faltan cinco firmas

Si se cuentan los votos de la izquierda periférica (ERC, Bildu, BNG además de Podemos) a Compromís le faltarían 5 para lo que necesitarían el respaldo de Junts o PNV. Estos podrían conseguirlo de manera sencilla si logra la participación del PSOE, con 119 escaños. Más rápido sería si el informe jurídico lo asumiera directamente el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, con quien según ha expresado Fullana hubo "contactos" al final de la semana pasada.

Ahí el papel de la líder del PSPV, Diana Morant, podría ser importante. Los socialistas valencianos han cargado contra la norma desde el primer momento y Morant se comprometió en su primer entrevista tras alcanzar la secretaría general de la formación que la llevarían, igual que la de Concordia, al Tribunal Constitucional. Sobre la segunda, el Ministerio de Política Territorial ya está preparando el terreno para convocar la comisión bilateral con la Generalitat y en caso de que no haya acuerdo, terminar en el tribunal de garantías.

Puntos incumplimiento

Entre los puntos que el informe jurídico encargado por Compromís señala que la ley está incluso el propio nombre de la norma, la "libertad, una materia cuya regulación es "competencia exclusiva del Estado" y que vulnera el artículo 149.1.30a de la Constitución. También remarca que vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y la autonomía pedagógica de los centros reconocida en la LOE (Ley Orgánica de Enseñanza) así como va contra la Carta Magna por la "eliminación del derecho de los alumnos de la zona de predominio lingüístico castellano a aprender en valenciano por el hecho de que solo el castellano pueda tener la condición de lengua base del sistema educativo en esas zonas", según indica la ley.

El informe también "apunta a inconstitucionalidad" el procedimiento de elección de la lengua base y en el modelo de uso de las dos lenguas vehiculares en las zonas de predominio lingüístico valenciano. "Las consecuencias inconstitucionales de tal previsión son que las familias han de elegir centros sin conocer cuál será la lengua base que se aplicará porque solo podrá ser determinada cuando finalice el proceso de admisión". "Además, la lengua base se fijará atendiendo la elección realizada por otras familias, hasta por aquellas que no acaban matriculando a sus hijos en los centros", indica el texto en referencia a que cuando se hace esta consulta todavía no se sabe si ha sido aceptado o no en un determinado centro.

También apunta a que el uso de las lenguas en exámenes a decisión de los alumnos "vulnera el artículo 3 de la Constitución" porque "atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos vinculados a la lengua oficial" y señala respecto al requisito lingüístico para el profesorado que las acciones de fomento "únicamente" se dan respecto a quienes vehiculan en lengua extranjera. "Con la decisión (no pedir el requisito a los profesores) se genera un conflicto que confronta los derechos lingüísticos de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución y en el Estatut d'Autonomía así como en el derecho de opción de las familias".

Doble línea

La ley de libertad educativa recupera la doble línea en castellano y valenciano en los colegios, y serán las familias las que elegirán la "lengua base" de cada centro votando directamente. La ley establece que si hay más de un 25 % de familias que desean dar clase en una de las dos lenguas se deberá crear una línea (una clase) para ello, aunque esto genera dudas de cómo se aplicará en localidades con pocos alumnos. Si no hay alumnado suficiente para hacer dos aulas, se dará clase en base a lo que vote la mayoría.

La idea, sin embargo, es dar "libertad educativa" a las familias para que sus hijos den clase en la lengua que deseen (siempre respetando unos porcentajes para la lengua cooficial), y que pueda haber centros con 1º A que de clase en castellano y un 1º B que lo haga en valenciano, por poner un ejemplo.

Zonas valencianoparlantes

Desde Infantil hasta 2º de Primaria habrá una lengua predominante para que los niños consoliden su lectoescritura. La lengua, que podrá ser castellano o valenciano según voten las familias, representará un 65 % de las clases, y tendrán que ser todas las que conlleven aprender a leer o escribir.

La otra lengua cooficial tendrá un 25 % del peso, y el inglés tan solo un 10 %. En esta etapa, el alumnado tendrá que tener continuidad en una sola lengua hasta que domine las competencias más básicas.

En el resto de cursos de Primaria y de Secundaria la norma fija que se dará Matemáticas en la lengua base que elijan las familias para sus hijos. La otra lengua cooficial tendrá una presencia del 25 % de clases (dos o tres asignaturas). El inglés, como lengua extranjera, tendrá entre un 15 % y un 25 % según lo que voten las familias.

En cualquier caso el porcentaje de tiempo de clase en las dos lenguas cooficiales deberá tener una diferencia que no sobrepase el 20 % del tiempo lectivo. Obviamente, las materias lingüísticas (Castellano, Valenciano, Inglés) se impartirán en las lenguas que le corresponden.

Otra novedad es que el alumnado podrá hacer los exámenes de las asignaturas (exceptuando las lingüísticas) en cualquiera de las dos lenguas cooficiales. El centro también tendrá la obligación de comunicarse con las familias y los alumnos por todos los medios (papel y digital) en cualquiera de las dos lenguas.

Zonas castellanohablantes

La nueva ley supone la casi eliminación del valenciano en las zonas castellanohablantes. De Infantil hasta segundo de Primaria, el 80 % del tiempo de clase será en castellano, y solo el 10 % en valenciano (la asignatura) y el 10 % en inglés. La adquisición de la lectoescritura se hará completamente en castellano.

Se podrá pedir la exención de valenciano en Primaria y Secundaria, pero el alumnado estará obligado a asistir a clase igualmente, y a partir de segundo de Primaria, Inglés deberá tener un peso del 15 % al 25 % de las horas (la asignatura de Inglés y otra más).

En Primaria, Secundaria y Bachillerato, la asignatura de valenciano no irá más allá de esta materia, y la gran mayoría de clases serán en castellano. De hecho, se darán dos o tres asignaturas en inglés y solo una de ellas, la lingüística, en valenciano, en caso de no haber pedido la exención.

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