"Hemos dormido en el río con una máscara de oxígeno y un niño de 7 años"
Una familia denuncia que los servicios de emergencia de València les dejaron en la calle pese a su situación de extrema vulnerabilidad
Las entidades sociales han observado un repunte de casos graves sin intervención y llaman a ampliar los recursos municipales

Miguel y Kelly llevan un mes en València tras huir de Colombia / J.M.López
En el pleno extraordinario del lunes intervinieron Valencia Acull, Cear y Cepaim, tres oenegés dedicadas a defender los derechos de las personas migrantes, y entre otras cuestiones pidieron desterrar los discursos de odio, agilizar el padrón municipal y desbloquear el acceso a los recursos del ayuntamiento que ofrecen una primera acogida de urgencia. Algunas familias vulnerables se están quedando en la calle, denunciaron sin ofrecer más detalle.
El detalle es la historia de las familias arrinconadas. Miguel y Kelly llegaron de Colombia a finales de agosto huyendo de la guerrilla; después de un año de aparente tregua les dijeron que habían identificado el colegio del niño y ellos, amedrentados, decidieron vender sus pertenencias para viajar a València como solicitantes de asilo internacional con el pequeño David de 7 años y la “yaya Pilar” de 57. Pensaban alojarse con unos compatriotas, pero la red de apoyo era precaria y cedió en pocos días.
Al verse en situación de calle la familia acudió al Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI), la puerta de entrada a la ciudad para migrantes vulnerables. En la oficina municipal del carrer del Pou escucharon su historia, les abrieron ficha y les fueron sinceros. “Dijeron que no quedaban plazas de acogida. Nos informaron sobre los comedores sociales y pidieron que por la tarde llamáramos al 112 para activar la urgencia”.
Eso hicieron, comieron en Casa Caridad y por la tarde acudieron a Nuevo Centro para tener un punto de referencia donde esperar al servicio de atención a urgencias sociales (SAUS), la extensión municipal de los Servicios Sociales en situaciones desesperadas. “Dos horas después nos llamaron. Lamentaron no tener un lugar donde acogernos. Nos dijeron que estarían en contacto para ver cómo iba la noche”, relata Kelly.
Ahí empezó su verdadero calvario. Bajaron a los jardines del Turia y se acomodaron a la sombra de los árboles, no demasiado lejos de una Casa Caridad que les inspiraba cierta seguridad. Con las mudas improvisaron cuatro camas y dejaron caer la noche. Miguel y Kelly se turnaron para vigilar. El nieto y la “yaya Pilar” intentaron dormir.
Durante nueve días pernoctaron en el viejo cauce, uno de los lugares más frecuentados por la población sin hogar de València. “Ahí abajo duerme bastante gente, nosotros evitábamos a todo el mundo. A veces se nos arrimaban personas como para darnos una mano, eso te decían, pero luego te pedían seguirles y alejarte así medio raro. No se les veían buenas intenciones. Cuando venía un grupito nos movíamos de sitio”, relata Miguel.
No solo se movían por miedo. Varias trombas de agua les empujaron a resguardarse bajo uno de los puentes del río. Los padres intentaron disfrazar su nueva realidad: “Al niño le decíamos que estábamos acampando o que estábamos jugando a la supervivencia. Un día nos pidió dormir en una mesa de picnic. Lo hacíamos todo en juego”, dice Kelly entre lágrimas.
"Al niño le decíamos que estábamos acampando o jugando a la supervivencia"
Tampoco fue fácil para la abuela de la familia. La mujer tiene lupus y por las noches requiere asistencia porque sufre apneas del sueño. Acostumbra a dormir con una máscara de oxígeno enchufada a la electricidad, pero el río carece de fuente de alimentación. “Trataba de dormir sentada para no ahogarse”, rememora su hija.
“La yaya también tiene problemas de coagulación. Ahora estoy enloquecida porque nadie me ve para asignarle médico y que me recete sus medicamentos, solo tiene para cinco días. En urgencias me dicen que no se puede”, cuenta Kelly. “Lo más humillante fue la cita con la asistente social del centro de salud. Ya teníamos tarjeta y solo necesitábamos la asignación de médico, pero ella nos dijo que por qué teníamos que buscarlo en ese ambulatorio, que toda la gente sin hogar le tocaba a ella y estaba cansada. Llegó a preguntar por qué no nos volvíamos a Colombia”.
Las entidades sociales que les han acompañado desde el principio confirman la historia y comparten su frustración. La familia estuvo una semana yendo al CAI y en todo momento obtuvo la misma respuesta. No hay plazas, comuníquense con el SAUS. El servicio de atención a urgencias sociales hizo seguimiento telefónico pero tampoco resolvió la situación. Y varias comisarías a las que acudieron exasperados les rebotaron a la casilla de salida: sin derivación de Servicios Sociales poco se puede hacer.
Entidades sociales como Cruz Roja, CEAR o Accem gestionan los recursos de acogida para personas sin hogar en València a través de un concierto con la Conselleria, que aporta el presupuesto. Los Servicios Sociales se encargan de realizar el informe de derivación y adjudicar las plazas según la tipología del caso. Las estancias largas competen a la administración autonómica, mientras que la primera asistencia a migrantes o la atención en situaciones de emergencia sobrevenida —como un desahucio sin alternativa habitacional— están atribuidas al ayuntamiento mediante sus dos servicios de urgencia, el CAI y el Saus.
Más allá del caso particular, en las entidades preocupa el repunte de familias vulnerables que se ven abocadas a vivir en un coche o en la calle sin la asistencia básica de los servicios municipales, tanto el CAI como el SAUS. La acogida de emergencia es competencia del Ayuntamiento de València durante los primeros 15 días, 28 cuando hay menores. “Nos estamos encontrando con una barrera. Un menor en situación de calle es una emergencia social clara, pero cuando llamas te dicen que no hay plazas y no pueden albergar. Antes también había lista de espera, pero la atención era más fluida. Ahora ni te apuntan”, señalan las oenegés.
En este sentido, ante lo que consideran un caso especialmente “sangrante” —un niño y una mujer pluripatológica durmiendo al raso—, las mismas fuentes reclaman a los servicios municipales dotarse de más recursos habitacionales, más personal y mayor capacidad de actuación para dar respuesta a quienes presentan situaciones sensibles.
400 euros por habitación
Después del fingido “juego de supervivencia”, expulsados de València por la vía del desamparo, la familia encontró una habitación en una especie de casa de convivencia en el municipio de Torrent. Comparten zonas comunes con más de diez familias y pagan 400 euros por dormir apelotonados en un cuarto pequeño, pero no tienen queja. Les cubre un techo, se alimentan en un comedor social y el niño está escolarizado en Patraix. “Las maestras se preocupan. Una vez nos llamaron porque vieron que comía mucho y nos preguntaron si pasaba hambre. Les dijimos que no, que él siempre come así”.
“Nosotros no queremos incomodar”, continúa el matrimonio, temeroso de cualquier represalia y convencido de prosperar por sus propios medios —ella busca trabajo como cuidadora de ancianos, él en la obra o el campo—. “Contamos nuestra historia para que estas cosas no sigan ocurriendo. Nosotros podríamos haber seguido durmiendo en el Turia, pero nos vimos allí con mi madre que usa máscara de oxígeno y mi niño de 7 años. Y eso no puede ser. Eso no está bien”, cierra Kelly emocionada.
Cuando falla la red de apoyo
Colombia encabeza por mucho el ranking de nacionalidades afincadas en la ciudad de València. Según la oficina municipal de estadística, un total de 18.218 colombianos han fijado su residencia en la capital del Turia. El trasvase de población comenzó a principios de los 2000 y son ya varias generaciones de migrantes desplazados por la falta de oportunidades o la inseguridad de un país que intenta dejar atrás el estigma del narcotráfico para abrazar la industria turística.
Pese al esfuerzo, con un desempleo similar al periodo prepandemia —en torno al 11,5%—, el éxodo colombiano no conoce límites y ha pasado de los 9.417 censados en 2021 a los 18.218 actuales, dato que no incluye a la población flotante, presumiblemente amplia. La edad media es de 34,1 años y la balanza demográfica cae ligeramente hacia el lado femenino, decantada por la alta empleabilidad de las mujeres en la industria de los cuidados.
Buena parte de los colombianos cruzan el Atlántico Norte con pasaje turístico y una estancia máxima de 90 días en territorio Schengen. Cuando se les agota la cuenta atrás solicitan protección internacional, pero sólo un 1% consigue asilo. Frecuentemente se ven atrapados en un laberinto burocrático con una conjunción perversa de factores: un colapso en las citas de empadronamiento y caseros que subarriendan habitaciones caras y sin contrato, impidiendo formalizar el padrón y el consiguiente acceso a la tarjeta humanitaria.
Según han relatado distintas fuentes a Levante-EMV, en los últimos tiempos se están dando muchos casos de personas que aterrizan y sus familiares o amigos les ayudan pocos días o directamente les dejan tirados. El éxito de un plan migratorio depende de la red de apoyo. Pero la red está deshilachada. La oenegé Aesco cuenta con un programa de regreso voluntario a Latinoamérica para usuarios en situación límite, la mayoría colombianos. La lista de espera en València es de 1.500 personas.
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