Serafín Castellano negocia admitir la malversación y el cohecho para esquivar los 21 años de cárcel

El exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano negocia admitir la malversación y el cohecho, los dos delitos más graves a los que se enfrenta en el juicio por el cártel del fuego, que debía haber comenzado hoy en la Audiencia Nacional, pero no ha llegado a iniciarse por las conformidades que los quince acusados están intentado alcanzar con la Fiscalía Anticorrupción.

Serafín Castellano se enfrenta a una pena de 21 años de cárcel que pide contra él la Fiscalía Anticorrupción al acusarlo de los presuntos delitos de falsedad en documento público (tres años de prisión); un delito continuado de cohecho (6 años de cárcel), otro delito continuado de prevaricación (10 años de inhabilitación para cargo público), malversación (8 años de prisión) y asociación ilícita (4 años de prisión). De esta manera, la defensa de Castellano estaría intentando reducir a dos años o menos varios de los delitos más graves para intentar eludir así el ingreso en prisión, aunque la pena alcanzara los cuatro o los cinco años, tal como sucedió con otros excompañeros del Partido Popular, como Ricardo Costa o David Serra.

El acuerdo era más que previsible ya que el empresario del Camp de Morvedre, Vicente Huerta, máximo propietario de Avialsa T-35, el grupo de empresas especializadas en la extinción aérea de incendios ya ha admitido su culpabilidad en dos piezas separadas del caso del cártel del fuego o caso Avialsa. Huerta y tres acusados más admitieron en 2020 el delito de negociaciones prohibidas en el proyecto del aeródromo de Viver, donde Avialsa tenía su centro de operaciones, que saldaron con multas de 900 euros. El segundo acuerdo se produjo el pasado 21 de julio. Huerta confesó haber cometido nueve delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil. Pagó 649.800 euros y evitó cuaevitó cuatro años de cárcel. En el juicio que debía iniciarse hoy se enfrenta a 25 años de cárcel.

La vista se retomará mañana, para que los acusados perfilen los acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción, según confirman a Levante-EMV fuentes de las defensas.