Opinión

¿Pública o privada? Por qué el caso de Medicina en Alicante nos debería importar a todos

La Generalitat quiere cerrar unos estudios con demanda, pese a saber que más pronto que tarde serán ofertados por iniciativa privada

Universidad de Alicante

Universidad de Alicante / Jose Navarro

En las últimas semanas, la pregunta que más veces me han hecho es la de qué está pasando con la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante. No es una cuestión fácil de responder, porque la contestación completa requeriría de un sinfín de explicaciones técnicas, jurídicas y políticas; de antecedentes históricos e incluso de filias y fobias estrictamente personales. Pero si quitamos de en medio los árboles para ver el bosque, entonces la cosa es bien sencilla: la Generalitat Valenciana quiere cerrar unos estudios con gran demanda y socialmente necesarios en una institución pública, a pesar de saber que más pronto que tarde serán ofertados por la iniciativa privada. Inédito.

Para quienes se hayan perdido ante la sucesión de declaraciones practicadas por el Consell, en boca de su presidente y de su conseller de Educación, a cual más confusa, resumiremos la situación.

1. El gobierno del Botànic autorizó en su segunda legislatura los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante. Esta era una reivindicación constante de la UA por varias razones. Primero, porque esos estudios, que fueron con los que se fundó a finales de los años setenta y en los que se graduaron 15 promociones de médicos, le fueron amputados en 1997 por el primer gobierno de Eduardo Zaplana para con ellos poner en marcha la Universidad Miguel Hernández. Como he escrito en más de una ocasión, aquel golpe no era necesario: la UMH podía haberse creado igualmente sin cercenar una parte de la UA. De hecho, nunca en 800 años una universidad había nacido del troceamiento de otra. Pero al ‘lobby’ médico, muy influyente en el PP de Alicante, le interesaba que fuera así. Y el PP estaba entonces muy influido por determinados actores que sostenían que la UA era un bastión de la izquierda, así que debilitarla era conveniente. Segundo, porque para una institución de estudios generales y no politécnicos como la UA contar con una Facultad de Medicina, por su capacidad investigadora, es imprescindible para mantenerse en los rankings internacionales. De lo contrario, compites en desventaja. De hecho, hay poquísimas universidades en España que no tengan Medicina. Y tercero, porque aquel fraccionamiento de la UA en los años 90 produjo una situación incoherente: la UA tiene un potente campus de salud, de calidad acreditada… con Enfermería pero sin Medicina. Aun con todo, durante legislatura y media el Botànic no atendió la petición de la UA. Pero tras la pandemia, vio clara la necesidad de formar más médicos y la aprobó.

2. A pesar de que la autorización de esos estudios no implicaba la desaparición de Medicina en la UMH, sino que al contrario, estos continuaban y en definitiva lo que se hacía era una ampliación de las plazas públicas ofertadas, la UMH acudió al TSJ demandando a la Generalitat por autorizar que Medicina estuviera también en Alicante. La UMH alegaba un perjuicio difícil de entender, porque se comprendería si hubiera pocos alumnos y un exceso de oferta, pero la situación es justamente la contraria: aun con la UMH y la UA abiertas, más de 1.700 estudiantes se han quedado sin poder matricularse este año. La UMH pidió al TSJ medidas cautelares para que los estudios de Medicina en Alicante no pudieran empezar. El TSJ negó esas medidas por no ver perjuicio irreparable y los alumnos comenzaron las clases. A día de hoy, en total, hay 172 estudiantes en Alicante.

3. Tras el cambio de Gobierno y la vuelta del PP a la Generalitat, el Consell que preside Carlos Mazón acordó, en su última reunión antes de las vacaciones de verano, en pleno mes de agosto y sin informar de ello, ni en la rueda de prensa que ofrece la consellera portavoz ni en ninguna de las 39 notas de prensa (¡39!) que se emitieron ese día, «allanarse» en el TSJ ante la demanda de la UMH. Allanarse significa que el demandado (la Generalitat) da la razón en todo al demandante (la UMH). No existe ningún precedente de que una Administración haya hecho eso. Piensen ustedes qué ocurre cuando un ayuntamiento les pone una multa o un organismo tributario les hace una complementaria y ustedes recurren en los tribunales. ¿Alguna vez les han dado la razón en todo sin que lo diga el juez?

4. La Generalitat no sólo se ha «allanado» en la demanda de la UMH en el TSJ. Ha ido más lejos, y ha pedido al tribunal que declare nula la autorización dada a Alicante por el Gobierno anterior para que la universidad pública imparta estudios de Medicina. La Generalitat alega que el expediente de autorización mediante el que el Botànic concedió dichos estudios tenía fallos (informes firmados por un departamento que según el Consell debía firmar otro, por ejemplo) y que además la UA proponía para las prácticas de sus estudiantes hospitales pequeños, en algunos casos de propiedad pública pero gestionados por empresas privadas por concesión de la propia Generalitat. Estas alegaciones fueron las que desde el principio hizo la UMH cuando acudió al TSJ y en el curso del proceso fueron contestadas por la Abogacía de la Generalitat. Que la posición de la Administración en un litigio de esta naturaleza cambie porque cambia el color del Gobierno, dando un giro de 180 grados de un día para otro, abre la puerta a una inseguridad jurídica sobre la que sería bueno que todos, pero especialmente los empresarios que participan en concursos, reflexionáramos.

Estos son los hechos, descritos de forma lineal. La Generalitat sostiene que no es necesaria una segunda facultad pública de Medicina en Alicante, una provincia con dos millones de habitantes. La realidad estadística, que es tozuda, dice que Alicante es la provincia que menos plazas para Medicina oferta de toda la Comunidad, y la única que está por debajo de la media española. En Castellón (571.000 habitantes) hay una facultad pública y una privada. En Valencia (2,5 millones de habitantes) hay tres: una pública y dos privadas. En Alicante, sólo había una pública. Ahora hay dos, públicas ambas, pero la Generalitat quiere cerrar una de ellas. Es terreno abonado para las privadas. ¿Tiene derecho la iniciativa privada a ofertar estudios? Sin duda. Pero no se entiende que una Administración quiera cerrar plazas públicas. Al respecto, la situación de Madrid es ilustrativa. En Madrid, una comunidad uniprovincial de 6,6 millones de habitantes, hay cuatro universidades públicas y seis privadas que ofertan esos estudios. La Carlos III, pública, intentó abrir Medicina, pero los gobiernos de Cristina Cifuentes, primero, e Isabel Díaz Ayuso, después, lo impidieron. El resultado es que a día de hoy, las privadas suman ya más alumnos que las públicas. Estudiar en una pública cuesta 1.240 euros por curso; de media, en una privada ese mismo curso cuesta 20.000.

El tema, pues, no es si romanos o cartagineses, si la UA o la UMH, si Medicina sí o no. Es si los gobiernos apuestan por la enseñanza pública, aunque conviva con la privada, o su política, por fas o por nefas, beneficia a esta última en perjuicio de la primera. Carlos Mazón, cuyo instinto político no cabe discutir, ha abierto un conflicto innecesario, en el que se está enredando de manera inverosímil. La mejor prueba de ello es que lleva un mes cambiando de discurso en un intento por el momento fallido de imponer su relato. Del «campus interuniversitario» hemos pasado al «campus sumatorio». Si el primero tenía serias dificultades legales y organizativas para ser algo más que un nombre, el segundo es imposible saber qué es. Pero sí adónde se dirige: sea lo que sea, el mando lo llevará la UMH, puesto que es quien tendrá Medicina tras cerrarla en la UA, y el número de plazas públicas a ofertar por ese «campus sumatorio» será siempre inferior al que las dos universidades contando cada una con Facultad pondrían a disposición de los ciudadanos. Hay pocos ejemplos de «campus interuniversitarios» (de «sumatorios» no hay ninguno), y todos son para estudios ‘menores’: enología, por ejemplo. Pero lo que sí es una constante es que se construyen desde abajo, nunca es posible por decreto. No hay nada que impida a las dos facultades de Medicina llegar a convenios para compartir prácticas, laboratorios, etc. ¿Por qué entonces hay que cerrar una pública, mientras el propio conseller admite en una rueda de prensa que en ese futuro «campus sumatorio» tendrán cabida las privadas?

El presidente, que conoce mejor que nadie Alicante, sabía que las ‘fuerzas vivas’ de la provincia iban a defender lo que él quisiera sin discutir, como han hecho siempre que ha gobernado el PP. El pasado jueves, en la apertura del curso en la UA ya empezó el boicot: no estuvieron el alcalde de Alicante, ni el presidente de la Diputación, ni diputados o senadores, ni el presidente de la Cámara de Comercio, ni el de la patronal, y hasta el presidente de su Consejo Social se levantó y se fue en el momento en que hablaba la rectora alegando un viaje. Mazón, que si se hubiera quedado quieto habría ganado en cualquier situación (si el TSJ declaraba nulos los estudios, la culpa sería del Botànic; si declaraba «anulable» el acto pero subsanable, podría haberse presentado como el que reparaba los errores del Botànic y si le daba la razón a la UA podría haber salido, entonces sí, al día siguiente a anunciar el «campus interuniversitario»), se ha metido en un jardín en el que ni los suyos entienden qué persigue. Lo cierto es que ha dado alas a la izquierda, en un tema insisto que capital, el de la enseñanza pública. El discurso de la ministra Morant en la apertura de curso en la UA fue sin duda la mejor intervención que hasta ahora ha protagonizado, y el PSOE, después de un mes de indefinición, ha empezado a movilizarse con sentido. Mientras que Compromís, cuyo líder, Joan Baldoví, también estuvo en ese acto, ha encontrado una senda que, además de coincidir con su razón de ser política, le pone en el mapa de una provincia donde su presencia iba en retroceso. Es posible que, pese a todo, la UA se quede, por segunda vez en su historia, sin Medicina. Pero sin apelar a la nostalgia, sino a la memoria, Mazón debería reparar en una cosa: Eduardo Zaplana pudo pasar a la historia como el presidente que creó una Universidad, pero acabó siendo conocido como el que rompió otra. La pregunta es cómo quiere que se le recuerde a él.